Derechos humanos violados

“El tiempo pasa volando o pasa muy despacio y no te das cuenta del tiempo, no te das cuenta de nada, lo único que quieres es una salvar tu vida y otra es ayudar.”

Los hechos del 19 de junio dieron comienzo oficialmente con el Operativo “Oaxaca” sobre la carretera federal 190 y el cruce con la supercarretera 135d a la altura del municipio de Asunción Nochixtlán. De acuerdo a los testimonios recogidos, el desbloqueo se logró en los primeros 10-15 minutos del operativo y sin enfrentamientos; los hechos posteriores se desencadenaron por el avance de la policía sobre la población.

El origen: uso excesivo de la fuerza

De acuerdo a los testigos, la policía no dio ningún aviso del comienzo del operativo, sino que “ llegaron tirando gas, llegaron balaceando. No hubo aviso llegaron directamente.” Contradiciendo la versión oficial, ninguno de los testigos entrevistados reporta haber presenciado el uso de armas de fuego por parte de los manifestantes o pobladores de Nochixtlán y hasta el momento no se ha encontrado material gráfico sobre este hecho, que ha sido el justificante para el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Por el contrario, la mayoría de personas entrevistadas denuncia el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de los agentes de la policía contra la población civil, habiendo numerosos testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores públicos.

Este uso excesivo de la fuerza derivó en la violación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que señala el uso de la fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas”, así como el Acuerdo 4/2012 de la SSP que establece los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.

De acuerdo a los estándares internacionales, estos funcionarios tienen obligaciones respecto a la administración de justicia, la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, la responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, señalándose  “la importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta”. En cada uno de estos puntos hubo graves incumplimientos. No podemos dejar de mencionar las actitudes discriminatorias e insultos de que fue objeto la población en Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera por parte de los cuerpos policíacos, insultos que tuvieron tintes sexistas y racistas que se prolongaron a lo largo de todo el día.

Las primeras versiones oficiales sobre el operativo apuntaban a que no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, las fotos en redes mostraron a policías de la Gendarmería y estatales usando sus armas contra manifestantes. La versión posterior es que usaron sus armas porque fueron atacados por los manifestantes y pobladores de Nochixtlán.

Finalmente, antes de pasar a un análisis más detallado de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar el día 19 de junio en Nochixtlán, es importante señalar que las víctimas de dichas violaciones han seguido diferentes estrategias de denuncia y afrontamiento de lo sucedido. Algunas de ellas han decidido mantenerse en el anonimato mientras que otras han visibilizado sus casos y reclamado justicia públicamente a través del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad A.C.  El caso Nochixtlán ha aparecido en los principales medios de comunicación internacionales y ha recibido muestras de solidaridad y apoyo desde lugares tan diversos y alejados como Madrid o Australia, haciendo que las instancias internacionales de derechos humanos también se interesen por la investigación del caso. Sin embargo, en algunos casos esto ha significado que las víctimas y sobrevivientes hayan sido objeto de hostigamiento por parte de personas desconocidas o agentes de policía, que les ofrecen dinero o llegan a las amenazas para que se desistan de denunciar y para que no hablen con las organizaciones e instituciones de derechos humanos, registrándose también otro tipo de incidentes como los allanamientos o el robo de material periodístico.

A continuación se expondrán los Derechos Humanos violentados por el Estado, a través de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Oaxaca. Los fundamentos legales son totalmente vinculantes para el Estado mexicano, ya sea por la firma y ratificación de algún tratado internacional y por la aprobación interna en la Constitución del Artículo 1, aprobado en 2011, que reconoce los Derechos Humanos como parte de nuestra Carta Magna, así como la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, y por lo tanto de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Top