“Yo iba a manifestarme pacíficamente y bueno, no estoy tan informado de lleno sobre las leyes que puso el gobierno, pero pues sí nos afectan a la población, y sí iba con la mentalidad de que me iban a poner un piedrazo o que me iban a pegar, pero nunca un disparo. … Sí fue una injusticia lo que pasó ahí.”
Por todo lo anteriormente documentado, expuesto y evidenciado, las organizaciones aquí firmantes enviamos las siguientes recomendaciones en los siguientes rubros:
En materia de seguridad pública y gobernabilidad
1. Es necesario que los cuerpos de seguridad estatal y federal cuenten con protocolos de actuación en todos los operativos policiales, donde los agentes actúen bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos, sobre todo al hacer uso de la fuerza, misma que debe ser usada bajo los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y no autoincriminación.
2. Garantizar la gobernabilidad en Nochixtlán y Oaxaca, donde las autoridades están ausentes y su omisión es causa de fuertes tensiones y polarización social, lo que no contribuye a la pronta solución de los conflictos y genera mayor confrontación ante el vacío institucional.
3. Evitar la militarización de las fuerzas federales y su presencia masiva en estados como Oaxaca, que requieren de una urgente atención de su problemática social y económica, más que de la represión del descontento social, mismo que se profundiza ante la implementación de las reformas estructurales.
En materia de investigación de violaciones de derechos humanos, comision de delitos y sanción
4. Es prioritaria y urgente la realización de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para que se deslinden responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos humanos
del día 19 de junio de 2016, sean por acción u omisión, basadas en servicios periciales independientes e incorporando en la investigación todos los delitos y violaciones a ddhh, toda vez que tienen una encomienda pública de la cual deben rendir cuentas ante la sociedad en su conjunto.
5. A la Fiscalía General de la República: que otorguen información sobre las investigaciones que se encuentren realizando, en atención al principio de publicidad y transparencia del sistema acusatorio adversarial, implementando un sistema de información periódico que garantice el derecho a una adecuada defensa y el acceso a la justicia.
6. A la CNDH: que emita una recomendación exhaustiva, acorde a las violaciones a los ddhh cometidas el 19 de junio, que contemple los tres niveles de gobierno, y que en esta tarea cuente con la colaboración de la DDHPO, que desde el ámbito de su competencia puede aportar elementos importantes. Que ambas instancias garanticen el seguimiento puntual y cumplimiento de las mismas.
7. Es necesario que se mantenga la observancia de las instancias públicas de Derechos Humanos en la investigación que realiza la Fiscalía General de la República, tanto de la cndh y ddhpo, como de la OACHNUDH, cuyo papel es crucial para garantizar la credibilidad de las investigaciones judiciales, garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño. Que Estas instancias corroboren que las investigaciones sean realizadas con personal especializado en la violencia sexual contra mujeres, con una perspectiva intercultural y alto conocimiento en derecho internacional humanitario. Así también, que garanticen que los resultados de las investigaciones sean fehacientemente corroborados y que la sociedad en su conjunto pueda acceder a información clara, en su lengua, accesible y transparente.
En materia de atención a víctimas
8. Resulta necesario transformar la política implementada en el tema y plantear un programa real de atención y reparación integral del daño en el país, que sea puesto en práctica por la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) de manera más flexible.
9. Que se evite la estigmatización y revictimización por parte de las autoridades así como garantizar el acceso a atención médica y psicológica para todas las víctimas directas e indirectas, tanto de Nochixtlán como de
las otras localidades afectadas, principalmente de niñas, niños y adolescentes que sufren de alteraciones de conducta derivadas de los hechos del 19 de junio.
10. Que las autoridades de los tres niveles comiencen a trabajar en la reparación integral del daño. En este sentido, es imprescindible un diagnóstico de las necesidades no sólo individuales de las víctimas sino también
sociales y comunitarias de los diferentes municipios afectados, para trabajar hacia la reconstrucción del tejido social y la paz social en los pueblos. Para ello, un primer paso es el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos y la disculpa pública por parte de las autoridades responsables.
11. Es necesario que las autoridades pertinentes establezcan un diálogo serio y con respeto a la dignidad de las personas con las víctimas y la población afectada de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, para decidir cuáles medidas de reparación concretas son necesarias en cada caso. Es decir, las medidas de reparación no deben ser decididas de manera unilateral por parte de las autoridades sino a partir de un diálogo y un consenso con las personas interesadas. Sin olvidar que la reparación integral del daño debe incorporar medidas que abarquen sus cinco dimensiones (restitución, rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición y medidas de satisfacción), evitando que se limiten a la indemnización económica.
12. Se recomienda la instauración de medidas preventivas para evitar nuevos actos de violencia ocasionados por las fuerzas policiales al intentar disuadir manifestaciones como la del 19 de junio, en este sentido es imprescindible que se garantice el acceso a la justicia, impidiendo a toda costa que las autoridades construyan una versión a modo de los hechos.